CASO PINOCHET

Biografía
Su padre fue Augusto Alejandro Pinochet Vera, nacido en Valparaíso en 1891, a sus catorce años trabajó para la firma comercial Williamson Balfour, luego fue funcionario en una sociedad aduanera y además se desempeñó como bombero. Su madre fue Avelina Ugarte Martínez, santiaguina, quien estudió en un colegio de monjas desde los nueve años, la que tras perder a su padre y casarse de nuevo su madre, se trasladó a Valparaíso.[2]

Pinochet realizó sus estudios en su ciudad natal, primero en el Seminario San Rafael, luego en el Instituto Rafael Ariztía de Quillota, en el Colegio de los Sagrados Corazones de Valparaíso y finalmente en la Escuela Militar del Libertador Bernardo O'Higgins. Su ingreso a esta institución no le fue fácil, fue rechazado dos veces; la primera por su corta edad y la segunda por no cumplir con los requisitos mínimos. A pesar de no tener ancestros militares, su vocación lo llevó a postular por tercera vez, siendo finalmente admitido e ingresando el 11 de marzo de 1933,[3] a los 17 años de edad.

El 30 de enero de 1943, Pinochet contrajo matrimonio con la joven Lucía Hiriart Rodríguez quien era hija de Osvaldo Hiriart Corvalán, abogado, senador, político radical y ministro del Interior en 1943, y de Lucía Rodríguez.

El padre en un principio se opuso al matrimonio por considerar que eran muy jóvenes y que la casta militar (mal vista socialmente en esa época) no pertenecía a las elevadas esferas sociales a la que pertenecía dicha familia, sin embargo, se impuso finalmente la voluntad de Lucía Hiriart. Ellos darían origen a una familia de cinco hijos, tres mujeres y dos hombres: Lucía, Jacqueline, Verónica, Augusto y Marco Antonio.

El curso de su ascendente carrera tuvo diferentes destinaciones. Como alférez estuvo en Concepción, subteniente y teniente en la Escuela de Infantería en San Bernardo en Santiago y recién ascendido al grado de capitán, fue destinado a Iquique por un período prolongado, durante el cual estuvo a cargo del campo de detención de Pisagua en la época de vigencia de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia.[4]

Viajó a Ecuador en una misión militar que tenía por objetivo organizar la Academia de Guerra de aquel país, llevó consigo a su familia.[5] Al volver a Chile, después de tres años de permanencia, Ecuador entregó al mayor Pinochet y los demás integrantes de la misión la condecoración Abdón Calderón.

Tras una destacada carrera en el arma de Infantería del Ejército, alcanzó el grado de general de Brigada y se desempeñó como comandante en jefe de la Sexta División. En 1970 fue promovido a general de División.[6]

Actuación durante el gobierno de la Unidad Popular
Tras el asesinato del comandante René Schneider por sectores vinculados a la CIA estadounidense para evitar la llegada al gobierno de Salvador Allende, el general Carlos Prats fue designado al mando de la comandancia en jefe del Ejército de Chile. Con Carlos Prats, Pinochet llegaría a establecer una relación muy cercana. Prats lo consideraba un soldado ciento por ciento, apolítico y profesional, por lo que fue uno de sus más cercanos colaboradores, siendo considerado por varios generales como el segundo de Prats.[7]

Fidel Castro visitó Chile durante veintitrés días a partir de noviembre de 1971 y Pinochet fue designado como representante del ejército durante la prolongada visita del mandatario cubano. La visita de Castro a Chile provocó que la CIA incrementara sus acciones para desestabilizar económicamente al gobierno de Allende.

En enero de 1972 fue jefe del estado mayor del ejército, que era el segundo cargo en importancia en la institución.[8] La oposición al gobierno de la Unidad Popular, más los propios desaciertos de éste, condujeron a una extrema polarización política de la sociedad, también dada por el auge del comunismo de la época, llegando a su punto culminante en 1973. Prats apoyaba la legalidad constitucional, y por lo tanto sostenía al gobierno de Salvador Allende. Pero esa opinión no era compartida por muchos militares, desarrollándose el 29 de junio el llamado «tanquetazo», protagonizado por el Regimiento Blindado N° 2, al mando del coronel Roberto Souper. Este intento de sublevación fue sofocado por Prats y sus generales más cercanos, Pickering, Sepúlveda y Pinochet.[9]

El 21 de agosto una manifestación de esposas de generales se inició frente a la casa del general Prats, a la que llegaron también varios oficiales de civil a protestar contra él. Fue insultado y apedreado, y al deshacer la manifestación Carabineros, ésta se volvió a organizar. Llegaron al lugar Pinochet, Allende y sus ministros. Todos fueron abucheados. Deprimido y desilusionado, Prats pidió, primero por intermedio de Pinochet, luego directamente, que los generales reafirmen su lealtad hacia él; como sólo unos pocos lo hicieron, resolvió renunciar a la comandancia en jefe.

Para su sucesión, el comandante le recomendó al presidente a Pinochet, decisión que fue aceptada por el mandatario.

Para ese entonces, las medidas del gobierno de la Unidad Popular había provocado la polarización del país en partidarios y opositores, siendo declarado el «grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República» por el acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973

El día 23 de agosto, a las 17:00 h, se reunieron Allende, Prats y Pinochet en el Palacio de la Moneda. Al finalizar ésta, Pinochet fue nombrado comandante en jefe.

Para esa fecha, varios miembros de las Fuerzas Armadas preparaban un golpe de Estado. Los líderes del movimiento eran el comandante de la Fuerza Aérea Gustavo Leigh y el vicealmirante José Toribio Merino, este último amigo de la infancia de Pinochet. Además contaban con el apoyo de la CIA y el gobierno de Richard Nixon.

El golpe tenía como base los planes de contrainsurgencia, para el caso de que una subversión sobrepasase a las fuerzas de orden (Carabineros). Este plan consistía en que el país estaba dividido en diferentes secciones, y para cada una se establecía un plan para actuar contra la posible insurgencia. Este plan sería la base prima para los golpistas, que sólo tuvieron que adaptarlo a las nuevas circunstancias.

El problema central en el momento era el Ejército, pues si bien la mayoría de los generales prestaban su apoyo, el tanquetazo demostró que era necesario el apoyo del comandante en jefe del ejército, y nadie sabía con certeza cuál era el pensamiento de Pinochet, pues jamás se le había visto inclinación política (excepto el tradicional anticomunismo de guerra fría).

El 7 de septiembre los generales fijaron la fecha del golpe para ese mes, el 19 de septiembre era la fecha propicia, pues en Chile se celebran las glorias del ejército, y éste se halla concentrado en Santiago.

Al día siguiente fue enviado el general Arellano para hablar con Pinochet, quien al enterarse de la situación manifestó su descontento con el Gobierno, mas no declaró su apoyo al golpe.

La mañana del 9 de septiembre Allende se reunió con el comandante en jefe y otros generales. Allí les explicó que pretendía anunciar un plebiscito para salir de la situación.[10] Debido a este hecho se adelantó la fecha del Golpe de Estado para el 11 de septiembre a las 6:30 en Valparaíso (8:30 en el resto del país), con el fin de que no saliera a la luz el anuncio de plebiscito del entonces presidente Allende.

Fue la última vez que se vieron los dos protagonistas del golpe. Ése mismo día, Pinochet se reunió con Leigh, el contralmirante Sergio Huidobro y el capitán de navío Ariel González para averiguar la posición del ejército. Finalmente, el en un principio vacilante Pinochet finalmente se sumó al complot.[11] Pinochet se hizo inubicable para el gobierno y envió a su familia a un recinto militar a modo de protección en caso de algo marchara mal durante el golpe.

El 11 de septiembre
Artículo principal: Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973
El día 10 de septiembre Pinochet mandó a su esposa y a sus hijos más pequeños a la Escuela de Alta Montaña, en Río Blanco, Los Andes, dirigida por uno de sus amigos.

Al día siguiente Pinochet llegó a las 7:40 al Comando de Telecomunicaciones del Ejército, en el que se mantuvo durante el resto del golpe. Allí se organizaron las redes de comunicaciones con las demás ramas de las Fuerzas Armadas, especialmente con Leigh, que se encontró en la Academia de Guerra Aérea, y con Patricio Carvajal, que fue el coordinador de todo el golpe.

Durante el acontecimiento, Pinochet, que se mantuvo en contacto radial con Carvajal, se mostró autoritario. Tanto Leigh como Carvajal pretendían apresar a Allende, pero la intención de Pinochet era desterrarlo de inmediato. No aceptó retrasos ni dilataciones. Sin embargo, retrasó el bombardeo a la Moneda para sacar a las mujeres, en contra de lo que deseaba el general Leigh.

Tras horas de enfrentamientos y bombardeos, La Moneda fue finalmente asaltada y ocupada por el Ejército, momento en el que falleció Salvador Allende. De acuerdo a diversos testigos presenciales, Allende se habría suicidado con el fusil AK-47 que le había regalado Fidel Castro.[12] Esta versión ha sido aceptada mayoritariamente, incluyendo a sus familiares,[13] descartando la teoría de que los golpistas habrían cometido magnicidio.

A las 18, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden se reunieron por primera vez en la Escuela Militar para realizar el juramento que dio inicio a 17 años de régimen dictatorial militar.

Dictadura (1973-1990)
Artículo principal: Régimen Militar

Augusto Pinochet (1974).Augusto Pinochet, en su calidad de presidente de la Junta Militar de Gobierno (formada por él mismo, como comandante en jefe del Ejército; el almirante José Toribio Merino, comandante en jefe de la Armada; el general Gustavo Leigh, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, y el director general de Carabineros César Mendoza) asumió el poder. A partir de órdenes dictadas a través de cadena nacional de radio y televisión proscribió los partidos políticos, disolvió el Congreso, restringió los derechos civiles y políticos y ordenó la detención de los máximos líderes de la Unidad Popular, declarándola ilegal. Pinochet fue nombrado presidente de la República por los demás integrantes de la Junta de Gobierno el 17 de diciembre de 1974. Inmediatamente Pinochet llamó al general Manuel Contreras para que organizara la Dirección de Inteligencia Nacional(DINA), organismo represivo del Estado que violará sistemáticamente los Derechos Humanos durante su existencia.[14]

A diferencia de la mayor parte de las naciones latinoamericanas, antes del golpe de estado de 1973 Chile había tenido una larga tradición de civilidad democrática y apego al estado de Derecho. Las intervenciones militares en asuntos de política eran muy escasas (por ejemplo, el llamado «ruido de sables» de 1924), pero de todos modos existentes. Se podría decir que las Fuerzas Armadas, hasta esa fecha, actuaron con debida obediencia, y no deliberantes.[15]

La oposición de la ciudadanía al gobierno se iba haciendo cada vez más notoria. Debido a lo cual algunos sectores políticos aprovechando la situación, y junto con la voluntad y apoyo financiero de Estados Unidos, buscaron en los militares chilenos una salida a los problemas causados por las políticas socio-económicas del gobierno de Allende, consideradas negligentes y populistas, cuyo plan de Gobierno incluía medidas de redistribución de bienes y servicios, que resultaron tanto ineficientes en su propósito como poco convenientes para los sectores económicos, ya que además lograron desabastecer al país. Allende había triunfado con el 36% de los votos frente al casi 35% del candidato de derecha Jorge Alessandri (aunque contaría con el apoyo para su elección de la Democracia Cristiana con el 28%, en su ratificación en el Congreso). La política económica del gobierno de Allende, que apuntaba hacia una planificación central, involucraba el traspaso a manos del Estado chileno de la propiedad de muchas compañías claves, especialmente las mineras, de capitales estadounidenses. La respuesta del gobierno de Pinochet fue promover el desarrollo de un mercado menos protegido, según sus propias palabras «...tratar de hacer de Chile un país de propietarios y no de proletario».[16]

Una de las características del gobierno militar de Pinochet fue el apoyo que le brindó su esposa y Primera Dama de la Nación, Lucía Hiriart Rodríguez de Pinochet, quien hizo constantes apariciones públicas y además creó las llamadas Damas de color, que son agrupaciones de mujeres de sociedad que realizan labores benéficas mediáticas a sectores de escasos recursos. Se crean infinidades de centros benéficos con mujeres uniformadas de un solo color. Lucía Hiriart es reconocida internamente como una mujer de carácter fuerte y dominante y muy temida en los círculos internos del gobierno por la influencia y poder que logra desde las espaldas de su marido. En los colegios y liceos del país se instaura la Canción Nacional con la restitución de los antiguos versos militares, presentes en su composición original, "Vuestros nombres valientes soldados....." y se asignan horas en los recreos para enseñar a los alumnos a hacer marchas militares al son de himnos militares.

Políticas de represión

Represión a manifestante contra PinochetLa violencia del golpe continuó durante el gobierno de Pinochet, admirador del dictador español Francisco Franco (a cuyo entierro asistió en noviembre de 1975).[17] Una vez que alcanzó el poder, los partidarios del gobierno derrocado fueron declarados «enemigos del Estado».

Gracias a la DINA, se introdujo como política de Estado la detención, tortura, asesinato, desaparición o exilio de quienes se hubiesen involucrado con el gobierno anterior, configurando el concepto de «terrorismo de Estado».

El general Sergio Arellano Stark realiza la llamada Caravana de la Muerte al recorrer el país en un helicóptero Puma para ordenar las ejecuciones sumarias a los detenidos políticos de alta connotación en los recintos militares. Se ejecutan a detenidos en Pisagua, La Serena, Cauquenes y otros lugares en el país. Sus restos son lanzados al mar o enterrados en lugares solo conocidos por los militares.


Se estableció una red de informantes para obtener datos que condujeran a la detención de comunistas y socialistas que hubiesen mostrado actividad en el gobierno derrocado.

También se hicieron llamados a través de bandos y comunicados conminando a aquellos que hubieren pertenecido al gobierno de la UP o estuvieran enlistados en los proscritos partidos Comunista y Socialista a que se entregaran voluntariamente a las comisarías y cantones del ejército a objeto de regularizar su situación, muchos detenidos desaparecidos creyendo en que no les iba a pasar nada, usaron esta vía.

Se estableció el toque de queda que perduraría hasta el 2 de enero de 1987, confinando primero a partir de las 21 horas y luego a partir de las 2 de la mañana, a los chilenos a quedarse en sus hogares. La generación de los años 1980 pasaría su juventud en las llamadas fiestas de Toque a Toque y la restricción de pensamiento político. La polarización introducida por el terrorismo de Estado en la sociedad chilena llevó a que el vecino denunciara a su vecino por actividades subversivas o ser simplemente simpatizante de la UP (Unidad Popular) y se les llamaba despectivamente Upelientos o Rojelios; a los simpatizantes pro-gobierno se les siguió llamando Momios o se acuñó el nombre de pinochetistas.

Las detenciones eran el pan diario y las redadas a poblaciones populares como La Victoria, San Ramón, La Legua en el sector sur de la ciudad (Santiago de Chile) concluían en masivos allanamientos, fusilamientos in situ, detenciones y enfrentamientos armados. Las fuerzas armadas como el ejército actuaban en los allanamientos de gran envergadura, para aquellos movimientos menores fue la rama de Carabineros asimilada al Ministerio de Defensa quienes mayoritariamente realizaron la mayor cantidad de operativos.

En sectores más acomodados como La Reina y Ñuñoa, las detenciones solo se llevaron por medio de la delación. La DINA disfrazó muchas ejecuciones de activistas antigobiernistas como enfrentamientos armados (Operación Albania, por ejemplo). El Estadio Nacional, el Estadio Víctor Jara (ex Estadio Chile), Peldehue, el bergantín goleta Esmeralda, Tejas Verdes y otros lugares sería conocidos como Centros de Detención.[18]

El gobierno militar además adoptó como medio de deshacerse de aquellos personajes indeseables la expulsión, el exilio obligado y el asesinato de Letelier[19] y Prats.[20]

La Comisión de Verdad y Reconciliación (conocida también como Comisión Rettig) mencionó 2.095 muertos y 1.102 «detenidos desaparecidos». Se estimuló la xenofobia para evitar ayuda exterior a los movimientos subversivos. La tortura fue también una herramienta común usada para combatir a los no partidarios del nuevo gobierno, como queda consignado en el Informe Valech sobre Prisión Política y Tortura (2005). Cientos de miles de chilenos abandonaron el país para escapar del régimen. En 1994 todavía permanecían en el exterior sobre 700.000 personas según la Oficina Nacional del Retorno.

Ambos dictadores tuvieron un rol clave en la Operación Cóndor. A pesar de su afinidad, el Conflicto del Beagle que enfrentó a ambos países estuvo a minutos de llevarlos a una guerra. La policía secreta, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) (1974-77), fue otra de las herramientas de la dictadura. Fueron asesinados el general Prats el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires y el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Allende Orlando Letelier, el 21 de septiembre de 1976 en Washington, agriando las relaciones con el presidente estadounidense Jimmy Carter.[21] También se organizó la conocida como Operación Cóndor, un plan para la cooperación mutua entre organismos de espionaje de diferentes dictaduras militares de Latinoamérica, para de esta forma continuar persiguiendo y asesinando a exiliados en Argentina o Paraguay.[22]

En 1977, la DINA fue disuelta y se creó la Central Nacional de Informaciones (CNI), para reemplazarla en sus funciones.[23] Su primer director fue el general Odlanier Mena. El actuar de la CNI como organismo represivo fue notoriamente menos violento, aun cuando agentes suyos figuran involucrados en casos emblemáticos, como el asesinato del líder sindical, y presidente de la ANEF (Agrupación Nacional de Empleados Fiscales), Tucapel Jiménez, en 1982.[24]

La represión y asesinatos internacionales no fueron sólo contra personas chilenas, sino que pueden incluir personalidades de la política internacional como el Presidente del Gobierno Sueco en 1986, Olof Palme, quien podría haber sido asesinado siguiendo la orden personal del dictador Pinochet, según apunta desde el diario "La Cuarta", en su edición de 7 de marzo de 2008, donde se dio a conocer que el periodista sueco Anders Leopold señala como supuesto autor del asesinato de Olof Palme a Roberto Thieme, ex dirigente del grupo paramilitar chileno de ideología nacionalista-fascista Patria y Libertad. Según Leopold, Thieme fue enviado por el que fue su suegro, Augusto Pinochet, para cometer el asesinato aún impune.[25]

Políticas económicas

Desfile en celebración del aniversario del golpe de estado, el 11 de septiembre de 1982.Paralelamente a la represión política, existieron profundas reformas económicas que condujeron a una transformación económica del país, cuyo inicial éxito llevó a hablar de un «milagro económico chileno», eliminándose el grave problema de la hiperinflación.

Para formular su política de estabilización económica, Pinochet confió en los llamados Chicago boys, economistas neoliberales con postgrados en la Universidad de Chicago, fuertemente influenciados por las políticas monetarias de Milton Friedman.

Se aplicó el shock[26] que consistía en reducir el gasto público en un 20%, despedir al 30% de los empleados públicos, aumentar el IVA (impuesto a la transferencia comercial de bienes muebles y activos M1 y M2), privatizar la mayor parte de las empresas estatales y liquidar los sistemas de ahorro y de préstamos de vivienda.

Los efectos iniciales fueron terribles: cayó el PGB en un 12%, la tasa de desempleo creció hasta al 16% en la llamada Recesión de los 80(1980-1985)y el valor de las exportaciones se redujo en un 40%. La carestía, la emigración de personal calificado, la falta de circulante, empresas pequeñas y medianas quebradas o endeudadas insanamente desaparecieron y las grandes masas de desempleados pululando en las plazas, fueron la característica de este periodo.

Las grandes empresas subsistieron gracias a la reducción de sus planillas de trabajo y la rebaja de salarios, muchas de estas situaciones se prestaron para abusos de empresarios inescrupulosos.

El sistema monetario fue cambiado a la moneda Peso, desvalorizando el anterior Escudo (Eº). En aquella época, el valor de la UF se reajustaba el primer día de cada trimestre según la variación del IPC del trimestre anterior.

La Junta de Gobierno mediante el Decreto Supremo Nº 280 del 12 de mayo de 1975 estableció que la UF o Unidad de Fomento creada en el Decreto Supremo nº 40 del fecha 2 de enero de 1967, pasaría a reajustarse en forma mensual.

Por su parte, el Decreto Supremo Nº 613 del 14 de julio de 1977 estableció que su valor se reajustaría en forma diaria a partir del 1º de Agosto de dicho año. Esta operación de reajustabilidad sería una de las bases de la transformación económica.

Dicha medida favoreció en un comienzo a la construcción que se encontraba paralizada y a la clase media quienes adquirieron viviendas con un valor de UF de apenas $5.000, pero que cinco años más tarde subiría a más de cinco veces su valor inicial dejando una estela de deudores hipotecarios en la ruina y descrédito al no poder pagar los elevados dividendos. Para las clases más pobres se creó la vivienda básica y la cuota Serviu.

Para paliar la gran cesantía se crearon los puestos temporales municipalizados de trabajo llamados Programas de Empleo PEM y POJH, donde desde obreros a ingenieros, arquitectos y técnicos hacían labores hermoseando plazas o limpiando calles con un mínimo sueldo de supervivencia.

Aquellos que conservaron sus empleos debieron soportar rebajas de sus sueldos, los sueldos descendieron bruscamente y el abuso empresarial fueron la tónica de este periodo.

Tanto en el sector público como en el privado, los altos puestos claves fueron ocupados por oficiales del ejército, aviación o marina.

Una de sus consecuencias fue un brusco deterioro social, las clases medias y bajas se empobrecieron tras un progresivo descenso de su poder adquisitivo, lo que provocaría una gran brecha en la distribución del ingreso, que se mantiene hasta el día de hoy.

La clase alta pudiente se fortaleció y se enriqueció gracias a las franquicias otorgadas por el gobierno militar.

Las poblaciones más afectadas empezaron a protestar desde sus casas organizándose los llamados cacerolazos, a determinada hora después del Toque de Queda, los pobladores de las clases bajas y los de la clase media organizaban ruidos de bocinas y golpes de cacerolas desde sus viviendas unidas a apagones o cortes de energía eléctrica o derribos de torres de alta tensión. Famosos fueron los apagones que duraban horas o día y medio por atentados a la Red Interconectada Central.

Ocurrieron también los llamados robos de camiones, camiones de abastecimiento de supermercados eran secuestrados y llevados a las poblaciones para su desvalijamiento.

Pero el sistema se empezó a afianzar a partir de 1977, iniciándose lo que se ha llamado el boom, con cifras positivas en todos los ámbitos. Uno de los indicadores más simbólicos, el precio del dólar, fue establecido a tasa de cambio fija, en 39 pesos, y se mantuvo estable hasta iniciada la década de 1980. Una excepción a esta bonanza fue la tasa de desempleo, siempre alta (alrededor del 20%) debido principalmente a los despidos masivos en las empresas privatizadas.

A aquellos que protagonizaran protestas o reivindicaciones, o intentarán organizar huelgas o mitines eran detenidos y encauzados bajo la aplicación del artículo transitorio nº24 de la Constitución respecto de la Ley de Seguridad Interior del estado.

En 1982 se produjo la mayor crisis económica desde los años 1930, consecuencia en parte de la recesión mundial de 1980 (de la cual Chile estaba desprotegido por su excesiva dependencia del mercado externo), el excesivo endeudamiento privado y la fijación del dólar a 39 pesos.[27] Uno de los primeros síntomas fue la quiebra del sistema bancario y financiero nacional, que obligó al Gobierno a intervenir numerosos bancos. Simultáneamente, se tomó la decisión de devaluar el dólar, el cual, una semana más tarde, alcanzaba al doble de su valor.

Ante la llegada de la crisis, Pinochet abandonó las tesis de los Chicago Boys, regresando momentáneamente al keynesianismo. Sin embargo, pasada la parte más cruda de la crisis, volvió al sistema neoliberal con el nuevo ministro de Hacienda, Hernán Büchi en 1985, el cual, con reformas menos ortodoxas que sus predecesores, lograría revitalizar la economía. Esto es nombrado como el «segundo milagro de Chile».

Para conseguir la reactivación, Büchi tomó las siguientes medidas:

Fuerte reducción del gasto en el sector público, con medidas como rebajar el gasto social y las jubilaciones.
Política de devaluación del peso en función del dólar muy fuerte, que sobrepasasen la inflación. De esta manera, con el dólar alto, se favorecían las exportaciones y se restringían las importaciones.
Privatizaciones de las empresas que seguían siendo estatales: empresas del acero (CAP), eléctricas (Enersis, Endesa), comunicaciones (Entel, CTC), azúcar (IANSA), LAN Chile, Laboratorios Chile, etc.
Privatización de los bancos intervenidos por el gobierno durante la crisis.
Control de las tasas de interés por el Banco Central y ya no por el mercado.
Descenso controlado de los aranceles.[28]
El resultado de su gestión fue el retorno al liberalismo económico que implantaron los Chicago Boys, pero de una forma mucho más controlada sin el dogmatismo que le imprimieron sus antecesores, y un crecimiento económico sorprendente que llevaría a Chile a duplicar su PGB en el lapso de diez años.


Protesta pacífica contra el Régimen MilitarPor otra parte, comenzó la privatización de la industria del cobre a partir de la década de 1980 (aunque manteniendo Codelco), otorgándoles el control de yacimientos cupríferos a empresas mineras extranjeras a bajo costo, que pasaría a ser lo contrario a la nacionalización y estatización de la gran minería del cobre durante el gobierno de Salvador Allende.

El 11 de mayo de 1983, la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) presidió la primera protesta nacional, y el 22 de agosto se organizó el primer frente de oposición multipartidista que englobaba a todo un arco político a excepción de los extremos, la Alianza Democrática.

En 1985 la oposición democrática adoptó el Acuerdo Nacional para la Transición de la Plena Democracia.

Para fines de los 80 y comienzo de los años 90, la distribución del ingreso llegó en cierto modo a las clases más bajas, restableciendo la sufrida clase media, por primera vez la televisión a color llegó a las clases marginadas, el automóvil se hizo más asequible y la calidad de las viviendas sociales aumentaron.

Los cacerolazos declinaron y se hicieron más escasos y con menos convocatoria. Pero el cansancio por el regimén de dictadura impuesto, alimentado por los largos años de carestía y cesantía se hicieron cada vez más notorio en la población que anhelaba el retorno a la Democracia.

El gobierno militar entregó muchas poblaciones populares a la gente de escasos recursos formándose las llamadas villas o poblaciones DFL-2.

Por cada 10 hogares, 6 tenía teléfono, 7 poseían un automóvil y 9 poseían un televisor a color o en blanco y negro.

Se otorgaron muchos títulos de propietarios a sectores marginados de la sociedad, desaparecieron los campamentos y las llamadas poblaciones callampas, las tomas fueron regularizadas.

Una de las características sociales de este periodo fueron las reubicaciones a la fuerza de grandes masas de personas de escasos recursos que fueron desarraigadas desde los barrios exclusivos y trasladadas a barrios populares del sector sur, pero en viviendas económicas, en mejores condiciones de habitabilidad.

La reducción de la pobreza dura o extrema resultó en un logro en el gobierno militar. A pesar de los cambios de los 80 y 90 la brecha entre la riqueza y la pobreza, y el cisma entre la clase media y alta además de los bajos niveles de sueldos para los obreros y técnicos se mantiene hasta el día de hoy.

Cambios constitucionales
El 21 de octubre de 1980, tras un plebiscito realizado un mes antes, que fue apoyado por el 67% de la población (según cifras del Gobierno) se aprobó una nueva Constitución elaborada sobre la base de un anteproyecto preparado por una Comisión nombrada por la misma Junta de Gobierno. Éste plebiscito fue bastante cuestionado, tanto por sus opositores como por la comunidad internacional, bajo acusaciones de fraude electoral[29] y violar principios básicos de cualquier elección democrática (voto libre, informado y secreto). Entre las disposiciones transitorias de la nueva carta fundamental, se estableció el período presidencial de Pinochet por ocho años, a partir del 11 de marzo del año siguiente.

En los años 1980, con el rápido deterioro de la economía (uno de los pilares del Régimen Militar), se sucedieron constantes protestas y manifestaciones organizadas por la oposición y movimientos laborales, provocando violentas contrarreacciones de las fuerzas de seguridad.

Atentado a Pinochet
Artículo principal: Atentado contra Augusto Pinochet
Un mes después del descubrimiento de la internación de armas de Carrizal Bajo, el 7 de septiembre de 1986, Augusto Pinochet fue objeto de un atentado por parte de células paramilitares del FPMR (Frente Patriótico Manuel Rodríguez). En el atentado a Pinochet murieron 5 escoltas armados y el mismo estuvo a punto de ser eliminado junto a su nieto Rodrigo García Pinochet, con quien iba en esa ocasión. Pinochet sólo sufrió heridas leves. El atentado fracasó debido al fuerte blindaje del vehículo de Pinochet y a que los atacantes usaron cohetes a una distancia menor que la de activación.

La represión por parte del gobierno como venganza por el atentado concluyó con tres civiles muertos y cientos de detenidos. Los autores intelectuales y materiales del atentado lograron salir del país. La respuesta represiva del Gobierno concluyó con la llamada «operación Albania» (también conocida como la «matanza de Corpus Christi») en 1987, donde fueron asesinados 12 miembros del FPMR.

Relaciones internacionales
El Régimen Militar esperó los aplausos del mundo occidental por derrocar a un gobierno marxista, pero fue recibido por estupor y rechazado por la sociedad internacional, con la excepción del secretario de Estado Norteamericano Henry Kissinger, principalmente por la imagen exterior idealizada del gobierno de Allende y su elevación al status de mártir.

La violencia mostrada durante el golpe de estado fue otro de los elementos negativos que construyeron una imagen dura del gobierno militar en el exterior.[30] Una vez que alcanzó el poder, los partidarios del gobierno derrocado fueron brutalmente perseguidos como «enemigos del Estado». Los exiliados en masa, en diferentes países, colaboraron con boicotear la imagen que Pinochet pretendía mostrar, como un adalid anti-marxista.

Esto implicó un aislamiento político internacional del gobierno muy severo e impediría a Pinochet viajar oficialmente al extranjero. Esto quedó demostrado tras el bochorno del Filipinazo, en que por presiones del presidente de EEUU el gobernante de Filipinas, Ferdinand Marcos, supendió la visita de Pinochet a su país, cuando este último se encontraba en pleno vuelo hacia Filipinas. La excepción fue un viaje secreto a Bolivia en 1988, en donde se reunió con Víctor Paz Estenssoro.[31]

Con Estados Unidos las relaciones se empeoraron gravemente tras el atentado a Orlando Letelier del Solar, aumentando su aislamiento, pero como contraparte se mantenían las relaciones comerciales, en particular tras la consolidación el modelo neoliberal. Los asesinatos de Prats y otros ex-uniformados solo empeoraron la situación.[32]

Chile además estuvo en una situación peligrosa con sus países limítrofes, especialmente con Argentina, país con el cual en 1978 casi se llega a una guerra por las islas del canal de Beagle (Conflicto del Beagle), eventualidad evitada gracias a la intervención papal. En esto, cabe destacar el excelente manejo que la Junta Militar hizo en el tema, utilizando muchos datos de Inteligencia para mantener a raya la situación.

Durante la Guerra de las Malvinas (1982), en que Argentina disputó las islas Malvinas al Reino Unido, Chile se mostró abierto partidario del Reino Unido y en especial del gobierno de Margaret Thatcher, y prestó especial apoyo logístico e inteligencia a unidades británicas.

Durante todo el gobierno militar, el aislamiento internacional se hizo sentir, salvo la visita en 1987 del Papa Juan Pablo II, considerada como respaldo al itinerario institucional del régimen para su termino legal, pre fijado en la Constitución de 1980.[33] Pinochet nunca pudo salir del país en calidad de gobernante invitado o en misión diplomática.

El 7 de marzo de 2008, se dio a conocer a través del diario "La Cuarta", que el periodista sueco Anders Leopold señala como supuesto autor del asesinato de Olof Palme a Roberto Thieme, ex dirigente del grupo paramilitar chileno de ideología nacionalista-fascista Patria y Libertad. Según Leopold, Thieme fue enviado por el que fue su suegro, Augusto Pinochet, a cometer el asesinato. Las razones que tendría Pinochet serían la oposición de Olof Palme a su régimen dictatorial y el apoyo a ideología y sistemas contrarios al defendido por el dictador.[25]

El plebiscito
Artículo principal: Plebiscito Nacional de 1988

Augusto Pinochet con vestimenta civil.De acuerdo a las disposiciones transitorias de la Constitución de 1980, un plebiscito debía ser llevado a cabo en 1988 para aprobar o rechazar al candidato que los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el General Director de Carabineros propusieran al país.

Durante el año 1985 se suscitó un importante debate acerca de las condiciones en que se realizaría el plebiscito, de acuerdo a las normas transitorias de la Constitución. De la letra de la norma transitoria decimoprimera resultaba que la consulta plebiscitaria podría efectuarse antes que entrara en funcionamiento el Tribunal Calificador de Elecciones, establecido en las normas permanentes del texto constitucional, puesto que el plebiscito debía realizarse antes de la primera elección parlamentaria. Ello implicaba que este tribunal, aparentemente, no estaba llamado a controlar el referéndum y tendría que crearse un órgano gubernamental ad-hoc para su calificación. De ese modo, eventualmente, sería el mismo gobierno el que propondría un candidato, organizaría el plebiscito y controlaría los escrutinios.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en ese entonces afín a Pinochet, pronunciándose sobre el proyecto de ley orgánica constitucional sobre el Tribunal Calificador de Elecciones, que estipulaba el inicio de sus funciones para la primera elección parlamentaria, esto es, con posteridad al plebiscito de 1988, determinó que sólo una interpretación literal, y con prescindencia del resto de las disposiciones de la Carta Fundamental, conduciría a pensar "que el artículo 84° de la Constitución y las normas legales que lo complementan entrarán a regir, sin excepciones ni limitaciones de ninguna especie, en la fecha que señale la ley orgánica constitucional respectiva, con motivo de la primera elección de diputados y senadores" y que dicha "rígida interpretación del texto constitucional resulta inadmisible, porque ella está en pugna o contradice el artículo permanente y las disposiciones transitorias de la Carta Fundamental". El Tribunal Constitucional consideró que el plebiscito era equivalente a una elección presidencial, por lo que debía regirse por las normas permanentes de la Constitución en materia electoral. Ésta es considerada la primera derrota de Pinochet, motivada aparentemente por un cierto pudor democrático de algunos de sus partidarios, que resultó clave, años más tarde, al realizarse el plebiscito.

Pinochet fue oficialmente designado por los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y el General Director de Carabineros como candidato único a la Presidencia para el plebiscito que se llevaría a cabo el 5 de octubre de ese año, por el que se proponía su mantenimiento en el poder desde 1989 hasta diciembre de 1997, es decir, por un nuevo período de ocho años.

La apuesta de Pinochet se basó en un control total de los medios de comunicación y el temor de la población a manifestarse contra él. Gran parte de su propaganda consistió en amenazar con el regreso del comunismo y del desorden previo a la dictadura si el mismo Pinochet no vencía. Sin embargo una oposición sorprendentemente organizada en una sola gran coalición, la Concertación de Partidos por el NO, decidió actuar dentro del marco legal que la Constitución le otorgaba, y aprovechar al máximo, en forma muy inteligente, todos los espacios disponibles para la democratización, como, por ejemplo, los escasos minutos de televisión que le fueron concedidos (que se conoció como la franja). Cada noche millones de chilenos se agolpaban frente a la TV a ver con asombro que era posible hablar en contra del férreo régimen de Pinochet.

El 5 de octubre una extensa red de apoderados vigiló lo que sucedía en cada mesa de votación y los dirigentes opositores instalaron un completo sistema de conteo de votos paralelo al oficial.

A tempranas horas de la tarde ya se suponía que Pinochet había sido derrotado pero ni el Gobierno de Chile, a través de su vocero, Alberto Cardemil, ni los medios de comunicación entregaron información alguna, sin embargo, en un programa televisivo en directo, el presidente del oficialista partido Renovación Nacional, Sergio Onofre Jarpa felicitó a los dirigentes opositores por el triunfo, pese a esto el Gobierno seguía manipulando la entrega de resultados hasta la madrugada, cuando finalmente el General del Aire, Fernando Matthei, miembro de la Junta Militar (poder legislativo), reconoció la derrota. Tras bambalinas se filtró a la opinión pública que Pinochet intentó dar un autogolpe de Estado pero el general Fernando Matthei se opuso tenazmente a este intento.[34]

Los resultados oficiales de la consulta arrojaron un 55,99% de votos a favor de la opción No frente al 44,01% de la opción Sí.[35] Durante el año, tras un acuerdo entre la Concertación y el Gobierno, se prebiscitaron reformas para democratizar la Constitución. Tiempo más tarde, se llamó a la primeras elecciones democráticas desde el golpe de Estado, el 14 de diciembre de 1989, en las que resultó elegido el demócratacristiano Patricio Aylwin al frente de la coalición opositora Concertación de Partidos por la Democracia, derrotando al candidato oficialista Hernán Büchi y al 'centrista' Francisco Javier Errázuriz Talavera; Ese día se eligió también la totalidad del Parlamento, disuelto al comienzo de la dictadura.

Con la atención internacional centrada en el especial caso chileno de transición pacífica a la democracia, Pinochet entregó la presidencia de la nación a Aylwin el 11 de marzo de 1990, aunque siguió en el puesto de comandante en jefe del Ejército hasta marzo de 1998, fecha en la que pasó a retiro.

El ocaso
Según las disposiciones transitorias de la Constitución de 1980, Pinochet debería seguir ocho años más en el puesto de comandante en jefe del Ejército, en caso que perdiera el plebiscito.

Aylwin, a pesar de la opinión de muchos en contra, decidió abordar el tema de los Derechos Humanos, encargándole un informe sobre la situación a una comisión de personas cuya integridad no cupiera duda. La presidió Raúl Rettig, entregando el informe en febrero de 1991. El Informe Rettig, como se le llamó, detalló caso a caso 1.151 muertes, y 979 detenidos desaparecidos. El impacto del informe en la sociedad fue muy fuerte, lo que preparó el ambiente para el inicio de los juicios por estos crímenes.

Existía la Ley de Amnistía para todos los crímenes políticos cometidos antes de 1978,[36] por lo que la Corte Suprema podía amnistiar inmediatamente a cualquier militar acusado de estos delitos, sin investigar. El presidente Aylwin instó a la Corte Suprema a una nueva fórmula (la llamada «doctrina Aylwin»[37] ) en la que debía investigarse primeros los hechos ocurridos, y sólo después correspondía aplicar la amnistía. La Corte Suprema no lo hizo en aquel momento, pero sí lo harían varios jueces y la Corte de Apelaciones de Santiago.

La Corte Suprema marcó un precedente en 1992, por los casos de «detenidos desaparecidos». Se aplicaría en estos casos la figura del «secuestro permanente», delito que continúa en el tiempo y por lo tanto es inamnistiable, siendo la única causa para conceder la amnistía la aparición de los cadáveres. Así, se empezó a tramitar juicios contra ex militares de la desaparecida DINA.

Entre todos los casos, el más emblemático fue el de Manuel Contreras, antiguo director del organismo de inteligencia, el cual estaba siendo procesado por el homicidio de Orlando Letelier en Washington, que la amnistía explícitamente no incluía. Se le condenó, junto a su segundo el ex brigadier general Pedro Espinoza, a 7 y 6 años de condena, respectivamente, en noviembre de 1993. Le correspondería al gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle seguir el juicio de Contreras y su resistencia al arresto.

Además de los temas de los juicios, las relaciones entre el Gobierno y Pinochet serían tensas y difíciles. Pinochet tenía pésimas relaciones con el ministro de Defensa, Patricio Rojas, que en varias oportunidades lo instó a renunciar a su puesto de comandante en jefe. Pinochet evito en lo posible establecer contacto con él, tocando los temas importantes directamente con el presidente, sin siquiera consultar al ministro. Por otra parte, Pinochet se entendía bien con el Gobierno por medio de Enrique Correa Ríos, secretario general de Gobierno, a tal punto que Pinochet dijo que si lo hubiera conocido durante su mandato lo tendría en el mismo puesto donde estaba.[38]

La antipatía entre Pinochet y Rojas trascendía el tema de la renuncia y eran también fuente de conflicto el ascenso de los generales, pues el Gobierno decidió tratar de sacar del Ejército a los individuos más involucrados con el régimen anterior. De esta forma se seleccionaba también a las cinco primeras antigüedades del ejército, entre las que se nombraría al sucesor de Pinochet.

Los «pinocheques»
En 1984, mediante un convenio secreto, compró usando los nombres de dos conocidos una pequeña empresa metalúrgica que tiempo después pasó a llamarse PSP, y que recibía contratos de empresas estatales y también de las FF.AA. Sin que su nombre figurase en la transacción, PSP compró en 1987 una empresa en quiebra llamada Valmoval, que había intentado producir fusiles y cuyo principal acreedor era el Ejército. Estuvo involucrado en el escándalo de los "Pinocheques" a principios de la Transición a la democracia. En dicho caso fue cuestionado por unos pagos que en 1988 le hizo el Ejército, mediante unos cheques a su nombre, por un total de US$ 3 millones aproximadamente, tras un supuesto negocio con la empresa Valmoval, de propiedad del mismo Pinochet Hiriart.[39] Tras volver a Valmoval otra vez operativa, Pinochet Hiriart se las arregló tiempo después para venderla de vuelta al Ejército por US$ 3 millones, que recibió mediante tres cheques emitidos a su nombre y cobrados en el Banco del Estado.[40]

El año 1988, se realizó una transacción comercial entre la sociedad anónima P.S.P. (Proyectos Integrados de Producción) y el ejército por medio del CMI (Comando de Industria Militar e Ingeniería), que poseía antes el 49% de las acciones. La sociedad era productora de armas, pero hacia años que no estaba en funcionamiento, siendo virtualmente una empresa de papel. La transacción comercial consistió en la compra del 51% restante de las acciones de parte del Ejército, por un valor cercano a los tres millones de dólares. Se pagaron en cheques nominativos, a nombre de Augusto Pinochet Hiriart. El memorándum del Ejército decía que el 43% de las acciones correspondían a Pinochet Hiriart, el que negó los cargos, pues aseguró se había separado de la firma años atrás. Por estos motivos este suceso se conoció popularmente con el nombre de los «pinocheques».[41]

Fotocopias de los cheques llegaron al Gobierno, pasando por las manos de Rojas, quien vio en éste escándalo una forma de provocar la renuncia de Pinochet. La noticia llegó a la prensa y estalló un escándalo a nivel nacional, exigiéndose la creación de una comisión investigadora en el Congreso.

El ministro se movilizó y se empezaron conversaciones sobre la posible renuncia de Pinochet. Ballerino, su interlocutor con Rojas, le propuso que éste renuncie en 1995, pero le pareció un plazo excesivo. En adelante las versiones discrepan, Ballerino le informó a Pinochet que en la reunión siguiente Rojas supuestamente le dio un ultimátum: 15 de abril de 1991 para su renuncia, a contestar en un plazo de 8 horas, lo que fue negado tajantemente por el ministro.

Pinochet reaccionó acuartelando a todo el Ejército, bajo la excusa de realizar «ejercicios de seguridad, alistamiento y enlace», justificación nunca antes usada.

El Gobierno cedió y Rojas reiteró que nunca hubo ultimátum. La Comisión investigadora, después de largos meses sólo llegó a conclusiones ambiguas, y declaró que no existe ninguna responsabilidad del comandante en jefe. Pero el caso de los Pinocheques aún no se cerró.

El «boinazo»
Artículo principal: Boinazo
La paralización del caso Pinocheques duró hasta 1993. Ese año, el Consejo de Defensa del Estado decidió emprender una denuncia contra los culpables de este delito (el Ejército perdió 3 millones de dólares al comprar acciones en una empresa de papel, por lo que se considera una estafa).

El presidente Aylwin partió de viaje a una gira internacional, dejando a cargo a Enrique Krauss, ministro del interior, como vicepresidente. La denuncia marchaba por buen camino, sin sobresaltos, hasta que en una de las ediciones del diario La Nación (de tendencia gobernista) publicó en primera plana la citación al juzgado de ocho oficiales.

Pinochet nuevamente reaccionó rápidamente, convocó a los generales al edificio de Defensa, todos vistiendo ropas de combate. Tropas del Ejército vigilaron el edificio y patrullaron la zona, usando en su traje una boina negra, por lo que el movimiento que vendría a ser conocido como el «boinazo».[42]

Se entablaron rápidamente las conversaciones, Ballerino nuevamente por el Ejército y Krauss y Correa por el Gobierno. El Ejército solicitó el fin del desfile y el reemplazo de Rojas. El ambiente se enfrió y se puso fin al asunto.

El Gobierno cesó en sus funciones al subsecretario Marcos Sánchez, molesto para el oficialismo, pero no se obtuvo nada más. Los «pinocheques» seguirían congelados, hasta que Frei decidió terminar con el asunto instando al Consejo de Defensa del Estado a no proseguir el tema, aduciendo «razones de Estado».[43]

Los últimos años como comandante en jefe
Durante el gobierno de Frei se continuaron los juicios a los violadores a los derechos humanos. Pinochet, ya cercano a los ochenta años y con varias enfermedades, se mostraba menos duro con el desfile de sus ex colaboradores.

La Corte Suprema adoptó ahora como oficial la doctrina albín, y los procesamientos por el caso Degollados, y la «operación Albania» (ambos fuera de la amnistía) avanzaban rápidamente, y empezaron a aparecer los primeros culpables.

El gobierno construyó una cárcel especial para los militares encontrados culpables por la justicia, Punta Peuco. Sus primeros convictos fueron Manuel Contreras y Pedro Espinoza. Pero Contreras no estaba dispuesto a entrar a la cárcel y se refugió durante dos meses en su parcela, con guardias privados protegiéndolos día y noche, hasta que finalmente, por medio de toda una maraña de artimañas para evitar la vejación de Contreras por sus opositores, que incluía un avión y dobles, se le encerró en octubre de 1995.

Mientras, Pinochet preparó su sucesión realizando conversaciones con el ministro de Defensa Edmundo Pérez Yoma,[44] quienes se entendieron bien. Designaron a Ricardo Izurieta, militar totalmente profesional y sin relaciones con violaciones a los Derechos Humanos.

El 10 de marzo de 1998 el capitán general Pinochet hizo entrega del mando del Ejército a Ricardo Izurieta, finalizando así su época como militar.

Caso Armas a Croacia
Artículo principal: Gerardo Huber
El tráfico ilegal de armas es descubierto en diciembre de 1991, cuando el carguero que llevaba las armas , etiquetada como "ayuda humanitaria" desde el Hospital Militar de Santiago , fue descubierta en Budapest. El 7 de diciembre de 1991, un periódico húngaro descubre la noticia , y el 2 de enero de 1992, el Brigadier-General Guillermo Letelier, director de Famae, fue forzado a renunciar. Dos días después , por requerimiento del Ministro de Defensa Patricio Rojas, la Corte Suprema de Chile nominó al Magistrado Hernán Correa de la Cerda como responsable para investigar el tráfico de armas . El magistrado llama a Gerardo Huber como testigo, el cual declara que seguía órdenes del General Krumm, a cargo de Logística . El 29 de enero de 1992, Huber, quien estaba descansando en San Alfonso, Cajón del Maipo, "desapareció". Su cuerpo fue encontrado el 20 de febrero de 1992, con el cráneo despedazado[45] .

El General Pinochet fue implicado finalmente en este caso.[46]

Archivos desclasificados de la CIA
Artículo principal: Archivos desclasificados de la CIA
Los documentos que aportó la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el proceso de "publicación discrecional" que impulsa Bill Clinton sobre "abuso de derechos humanos" en Chile definen a Augusto Pinochet, tras las primeras semanas de represión sangrienta, como el "líder" de los generales de la línea dura para quienes "los extremistas o activistas marxistas deberían ser sumariamente ejecutados, frente a los de la línea blanda, que creen en la necesidad de someterlos a juicio, sentenciarlos y hacer el intento de reeducarlos".[47]

Senador vitalicio
Al día siguiente de entregar el mando se dirigió a Valparaíso, para ocupar su asiento de senador vitalicio. Este puesto le correspondía según la Constitución. Sus opositores, a pesar de que se llegó a un acuerdo según el cual el día anterior expresarían sus molestias, se manifestaron en contra de Pinochet cuando este hizo su juramento, colocándose máscaras de calavera y mostrando pancartas y fotos de los «detenidos desaparecidos», además de las manifestaciones en el exterior del Congreso.[48] Al final se mantuvo al margen de la política activa y no se le vio mucho por el Congreso. Su acción más destacada durante su periodo parlamentario fue el acuerdo con el presidente de la Cámara Andrés Zaldívar para eliminar el día 11 de septiembre como feriado legal (Día de la Liberación Nacional), y reemplazarlo por el Día de la Unidad Nacional.[49]

En septiembre de ese año, Pinochet viajó a Londres (Inglaterra) junto a su nieto, para realizarse una operación. Aparte de su enfermedad, Pinochet amaba los viajes, pero durante su gobierno no realizó ninguno más desde el «filipinazo» y Londres era para entonces su ciudad favorita.[50]

El Ejército y el Gobierno le advirtieron de que no fuera, pues existían demandas contra él en el extranjero, pero no les prestó atención, ya que poseía el fuero de senador de la República. El vuelo salió el 21 de septiembre llegando el día siguiente a Londres.

Detención en Londres
En España, el conocido juez Baltasar Garzón reclamó su detención para juzgarlo por las muertes de ciudadanos españoles ocurridas en Chile durante la Dictadura. Dictó una orden de detención contra el senador, resolución que hizo llegar a Inglaterra.


Ministro del Interior británico Jack Straw.Para entonces, Pinochet se había internado en una clínica privada, la London Clinic, el 8 de octubre, para operarse de una hernia.

El día 16, estando en cama, fue informado de la aceptación del país al pedido de Garzón y su orden de arresto, determinado por el juez metropolitano de Londres, Nicholas Evans, todo en inglés, idioma que no entendía. La noticia se transmitió de inmediato a todo el mundo, produciéndose en el extranjero un repudio casi unánime a la figura de Pinochet, mientras que en Chile se presentaban opiniones encontradas.

El gobierno recibió la noticia como «un bochorno internacional para Chile», por lo que Frei, junto a sus sucesivos cancilleres José Miguel Insulza y (desde mayo de 1999) Juan Gabriel Valdés iniciaron acciones para lograr su extradición. Su argumento era que los crímenes del Régimen Militar se habían cometido en Chile, y por lo tanto correspondía a este país juzgarlo y a nadie más. Esta política no fue respaldada por todos los miembros de la Concertación, especialmente ciertos sectores del Partido Socialista y el PPD, que manifestaban su apoyo a la detención del dictador.

La defensa de Pinochet apeló a la decisión de arresto, pues se aducía que tenía inmunidad diplomática como ex presidente y senador, apelación que fue recibida por un primer Tribunal, que aceptó la inmunidad de Pinochet.

A su vez, esta resolución fue apelada, por lo que se recurrió a un Comité Judicial integrado por cinco miembros de la Cámara de los Lores, que invalidó en noviembre la inmunidad diplomática de Pinochet. Entre las pocas figuras destacadas que apoyaron a Pinochet destaca Margaret Thatcher, quien reveló que Pinochet había cooperado con Inglaterra durante la Guerra de las Malvinas.

Sin embargo, la defensa del senador vitalicio descubrió que uno de los Lores era miembro de Amnistía internacional, por lo que habría tenido un obvio interés en que se juzgara a Pinochet. Por lo tanto, un nuevo Comité de Lores tuvo que anular la sentencia anterior y formar un tercer Comité.

Éste emitiría su fallo el 24 de marzo de 1999, reduciendo los cargos contra Pinochet, considerando fuera de inmunidad los actos cometidos después del 8 de diciembre de 1988. Sólo había un delito cometido después de esa fecha en demanda, relacionado con un joven al que se acusó de robo y que amaneció muerto en su celda. Pero pronto el ministro del interior Jack Straw logró reunir más casos, llegando a unos 60.

Mientras se encontraba bajo arresto domiciliario, Pinochet residía en una casa particular en Virginia Waters; mientras tanto, su salud se deterioraba cada vez más, ya que tenía diabetes e hipertensión, a lo que se sumaban microinfartos cerebrales.

Esto empezó a preocupar a los dirigentes británicos y españoles. Si se seguía con el proceso, Pinochet podría morir en Gran Bretaña, cosa que no favorecía al gobierno laborista dirigido por Tony Blair, especialmente considerando la proximidad de las elecciones, y la incertidumbre de cómo el caso Pinochet les afectaría.

Los gobiernos buscaron otras soluciones, y una de ellas se presentó cuando la defensa del general argumentó razones de salud para eximirlo del juicio. El ministro del Interior británico Jack Straw, dictaminó el 22 de diciembre que se le realizaran exámenes médicos. Se sometió el 5 de enero a exámenes neurológicos y geriátricos, los que revelaron su deteriorado estado de salud.

Considerando el informe y la edad, Straw decidió liberar a Pinochet por razones humanitarias el 2 de marzo. Ese mismo día regresó a Chile, aterrizando el día 3 en Pudahuel, siendo recibido por el comandante en jefe Ricardo Izurieta. Ahí se levantó de su silla de ruedas, caminó triunfante y saludó con el bastón en alto a sus partidarios que fueron a recibirlo.

Pero ese no sería el fin de las querellas en su contra. Mientras estaba en Londres, en Chile se sumaban querellas en contra de Pinochet, por delitos como la «operación Caravana de la Muerte», siendo el encargado de recoger todas estas demandas el juez Juan Guzmán Tapia; asimismo, sus querellantes presentaban una solicitud de desafuero en su contra. Era el comienzo de los juicios de Pinochet en Chile.

Los juicios en Chile
De regreso a Chile, Pinochet se encontró con que el juez Guzmán había iniciado su proceso de desafuero, por considerar que existían suficientes pruebas en su contra para investigar su presunta responsabilidad en el secuestro de 18 personas, durante el viaje aéreo que realizó la comitiva militar por el norte del país, dejando a su paso esta estela de crímenes, siendo conocida como la operación Caravana de la Muerte.

El 3 de mayo el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió proceder con su desafuero, por 13 votos contra 9, por lo que la defensa de Pinochet apeló ante la Corte Suprema, la que decidió por 14 votos contra 6 que el senador vitalicio era privado de su fuero. La defensa de Pinochet intentó que se sobreseyera al general por razones médicas, de la misma forma que en el extranjero. Se decidió realizarle exámenes de salud, que revelaron que sufría de demencia vascular subcortical, siendo sobreseído en julio de 2002.

Después de la resolución judicial, Pinochet renunció a su puesto senatorial, y se retiró a la vida privada, no volviendo a realizar apariciones públicas. Dos años después de estos sucesos, el 28 de mayo de 2004, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó el sobreseimiento por demencia, y la Corte Suprema confirmó este fallo por 9 votos contra 8 el 26 de agosto, dejándolo en posición de ser juzgado por su eventual participación en la denominada «operación Cóndor».[1] Sin embargo, al analizarse el fondo del asunto, el procesamiento dictado contra Pinochet fue dejado sin efecto el 7 de junio de 2005.

Con todo, el 6 de julio de 2005 la Corte de Santiago abrió la puerta a una nueva fuente de conflictos legales, al desaforar a Pinochet, posibilitando determinar su responsabilidad en el caso «operación Colombo», por la desaparición de 15 opositores a su régimen.

Las cuentas del Riggs
Artículo principal: Caso Riggs
A estos problemas legales se le agregó el descubrimiento, por parte del Senado de los Estados Unidos, de cuentas secretas que Pinochet tuvo durante el proceso en Londres en el Banco Riggs,[51] lo que vino a poner en tela de juicio el origen de su actual fortuna, ya que el Banco Riggs ha sido conocido por verse envuelto en problemas por lavado de dinero. Por estos motivos el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella criminal en contra de Pinochet, por evasión tributaria, causa que está actualmente en manos del juez Sergio Muñoz. Esta situación ha provocado un alejamiento de sectores de la derecha chilena de la figura de Pinochet.


Pasaportes falsos que usó para abrir cuentas bancarias secretasSu Abogado, el derechista Pablo Rodríguez Grez,[52] le aconsejó guardar un estricto silencio, por las implicaciones graves de sus declaraciones.

A principios de 2006, esta investigación llevó a que se procesara como cómplices de delitos tributarios a su hijo, Marco Antonio Pinochet, y a su esposa, María Lucía Hiriart de Pinochet,[1] lo que llevó a que Marco Antonio fuera sometido a prisión preventiva, en tanto que Hiriart tuvo que ser internada en el Hospital Militar.

Esto último fue considerado una estratagema para evitar la cárcel por muchos medios de comunicación, pero otros aseguran que realmente sufrió un ataque y tuvo que ser hospitalizada.

El 4 de octubre de 2007, los cinco hijos del fallecido general Augusto Pinochet, su viuda Lucía Hiriart, y el que fuera su círculo más cercano, integran la lista de 23 personas que hoy fueron procesadas -y la mayoría detenidos- por decisión del juez Carlos Cerda, como autores del delito de malversación de caudales públicos en el marco del caso Riggs.

El General Juan Emilio Cheyre[53] declaró el 16 de agosto del 2005 que el caso Riggs era asunto “personal” de la familia Pinochet, agregando que ...."El tráfico de armas a Croacia en 1991 y la vinculación que pueda tener este ilícito con la muerte del coronel Gerardo Huber, son temas en que “nos interesa, valga la redundancia, la verdad verdadera”.

Pinochet declarado apto para ser juzgado
Tras la retirada de la inmunidad para establecer la responsabilidad de Pinochet en la matanza de opositores izquierdistas («operación Colombo»), el juez Víctor Montiglio ordenó una serie de exámenes psicológicos, neurológicos y psiquiátricos.

Según las conclusiones de seis peritos del Servicio Médico Legal que se encargaron de los exámenes, entregadas a las partes el 16 de noviembre de 2005, Pinochet estaría en condiciones psiquiátricas de afrontar un juicio. Aunque desde el punto de vista neurológico se mantiene el diagnóstico de demencia subcortical, este hecho no le impide participar en un proceso. Según Hernán Quezada, abogado querellante, «hubo de parte de Pinochet una sobresimulación para tratar de hacer parecer más grave los síntomas de la enfermedad que él padece».

El 23 de noviembre de 2005 fue ordenado el procesamiento de Pinochet por enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos. La cifra ocultada al Fisco podría ascender a los 25 millones de dólares, en su mayoría procedentes del cobro de comisiones sobre las compras de armas realizadas en su dictadura. Al día siguiente, el ministro Montiglio dictó el procesamiento de Pinochet por tres delitos de secuestro calificado en el marco de la «operación Colombo».

El 20 de enero de 2006 la Corte de Apelaciones de Santiago lo desaforó por 13 votos contra 5. Este desafuero es el cuarto que se dicta contra él, pero el primero que recibe por torturas a las víctimas de la dictadura.

Noticia

Artículos en Wikinoticias: Pinochet arrestado por corrupción
Depósitos de oro en el extranjero
El 25 de octubre de 2006 los diarios El Mercurio y La Nación publicaron que Augusto Pinochet mantendría ocultos en un banco de Hong Kong unos 9.500 kilos de oro en lingotes, valorados de forma preliminar en unos 160 millones de dólares. Fue el comerciante de oro Al H. Landry el que envió los documentos, que les fueron entregados un tal Ken Shari, del que sólo tuvo contacto por mail, informando después la existencia de estos a Chile, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, el banco HSBC (Hong Kong & Shanghai Banking), presunto depositario de los fondos, emitió un comunicado indicando que los documentos que pretenden acreditar esos fondos en dicha entidad «son falsos». La entidad alemana Schell Security gmbH comprobó que existe un depósito por el importe indicado, pero vinculado a un número, no un apellido. La defensa del General argumento que toda la polémica es una farsa y un intento de difamación realizada por el gobierno de Michelle Bachelet para desviar la atención del país tras el descubrimiento de una serie de irregularidades en Chiledeportes.[54] [55] [56]

La justicia chilena dispuso el envío de exhortos dirigidos tanto a las autoridades de Hong Kong como de Alemania para solicitar información sobre los supuestos lingotes.[57] Tras haber avalado los documentos como procedentes de “fuentes fidedignas”, el canciller debió retractarse el viernes 26, diciendo que nunca avaló la denuncia, y que los antecedentes y credibilidad de quienes los enviaron nadie había verificado,[58] quedando desacreditada la acusación de los depósitos de oro.

Su muerte

Partidarios de Augusto Pinochet junto al Hospital Militar, el día previo a su muerte
El féretro de Augusto Pinochet, durante su velatorioEl 3 de diciembre de 2006 fue internado en el Hospital Militar de Santiago, después de sufrir un infarto de miocardio y presentar un edema pulmonar que obligó a someterlo a una angioplastia,[59] [60] [61] presentando una leve mejoría con el transcurso de los días.

Una semana después, el 10 de diciembre de 2006, se informó de una posible alta médica, incluso recibió la que sería su última visita política, la del diputado Ivan Moreira, y la de su nieto Rodrigo García Pinochet, pero como a las 13:30 horas sufrió una repentina descompensación cardíaca que agravó su estado, haciendo imposible al equipo médico su estabilización, falleciendo a las 14:15 hora local (17:15 UTC).[62] Su delicado estado de salud fue blanco de críticas por considerar que se trataba de una estrategia para evadir la Justicia,[63] según el periodista chileno Alejandro Guillier. Paradójicamente, en un informe médico entregado a las 10 de la mañana de ese mismo día por la dirección del centro hospitalario, la salud de Pinochet parecía estable y presentaba una mejora progresiva, se pensaba en un alta a los 4 días.

Murió junto a sus familiares después de permanecer una semana internado en el recinto hospitalario (cuando contaba con 91 años), el mismo día en que su esposa Lucía Hiriart cumplía 84 años de edad y, paradójicamente, el Día de los Derechos Humanos. Sus últimas palabras fueron dirigidas a su esposa Lucía Hiriart.[cita requerida]

Funerales y reacciones posteriores a su muerte
Con el correr de las horas y ya conocida la noticia en todo el país, se evidenció elocuentemente el grado de polarización de los chilenos. Hasta el lugar llegaron personeros políticos de derecha, ex colaboradores y autoridades militares, además de cientos de partidarios del fallecido, quienes se apostaron en calles aledañas al hospital, ubicado en la comuna de Providencia. Al mismo tiempo, una manifestación espontánea de detractores reunió a varios miles de personas en Plaza Baquedano, quienes celebraban la muerte de Pinochet.

Ambas concentraciones se desplazarían a puntos diferentes de la capital: mientras los partidarios llegaron hasta la Escuela Militar, ubicada en Las Condes, los detractores avanzaron por la Alameda Bernardo O'Higgins hasta la Plaza de la Ciudadanía, ubicada frente al Palacio de La Moneda. En dicho lugar, luego de ser dispersada duramente por Carabineros, se produjeron incidentes que duraron hasta pasada la medianoche.

El gobierno, presidido por Michelle Bachelet, decidió que no se le efectuaría un funeral de Estado, como ex Presidente de la República, ni se decretaría duelo oficial, pues nunca fue electo democráticamente como primer mandatario. Sólo se le rendirían honores fúnebres como ex Comandante en Jefe del Ejército, conforme a la ordenanza de esta institución, que dispone entre otras medidas, bandera a media asta en dependencias militares. En declaraciones efectuadas durante la campaña presidencial del año 2005 ella ya había señalado que le "chocaría profundamente tener que realizar dichos honores en eventual caso".[cita requerida] La presidenta Michelle Bachelet rompería al día siguiente el silencio que venía manteniendo en torno a la muerte de Augusto Pinochet, para afirmar que era "un referente de división, odio y violencia".[64] Al momento de fallecer, Augusto Pinochet contaba con más de 400 querellas en su contra, por violaciones a los derechos humanos, tales como tortura, desapariciones, apropiación de niños, asesinatos de sacerdotes y periodistas extranjeros; algunas de ellas interpuestas por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y por estados extranjeros, y estaba en curso una orden de detención.[cita requerida]

En el velatorio del féretro de Pinochet acudieron no menos de 60.000 personas;[65] entre ellas Francisco Cuadrado Prats, nieto del asesinado general Carlos Prats, que escupió sobre el vidrio que cubría el rostro de Pinochet,[66] como acto de repudio en memoria del general Prats, mandado asesinar por Pinochet en Buenos Aires (posteriormente el nieto de Prats fue despedido de su empleo por ello.[67] ). El 12 de diciembre de 2006 el féretro fue despedido con la participación de más de 50.000 personas.[68]


Lucía Hiriart llora junto a sus nietos, de uniforme Augusto Pinochet Molina.Durante la ceremonia, su nieto Augusto Pinochet Molina, oficial activo del Ejército con rango de capitán, realizó un polémico discurso que fue calificado "de naturaleza política" por autoridades militares y civiles, en el cual afirmó que su abuelo "derrotó en plena Guerra Fría al modelo marxista, que pretendió imponer su modelo totalitario, no mediante el voto, sino más bien derechamente por el medio armado" y criticó a los jueces nacionales al decir que con sus actividades "buscaban más renombre que justicia". Tras dichas declaraciones, el gobierno mostró su repudio a la intervención no autorizada en un recinto estatal y en uniforme militar, razones por las cuales fue dado de baja.[69]

Pinochet había dado instrucciones al general Luis Cortés Villa para que diera a conocer una carta luego de su muerte.

Los restos de Augusto Pinochet Ugarte fueron cremados en un cementerio de Concón (Región de Valparaíso), y sus cenizas están en alguna de sus residencias de descanso. Esta decisión según la familia, fue tomada por el mismo general para evitar eventuales profanaciones de su lugar de entierro.[70] Las Fuerzas Armadas, por otra parte, impidieron que sus cenizas fueran depositadas en algún recinto de la institución castrense.[71]

Acusaciones y situación judicial de su familia tras su muerte
Artículo principal: Acusaciones de narcotráfico contra Augusto Pinochet
En diciembre de 2006, Manuel Contreras,[72] ex director de la DINA, la policía secreta de la dictadura, acusó a Augusto Pinochet de enriquecerse ilícitamente en base al narcotráfico,[73] [74] [75] basándose en las relaciones que su hijo Marco Antonio Pinochet Hiriart, habría tenido con Edgardo Bathich, empresario de San Vicente de Tagua Tagua y narcotraficante.[76] Contreras afirmó a los medios de comunicación que Pinochet había usado el Complejo Químico del Ejército de Talagante para producir cocaína.[77] El encargado de distribuir dicha droga producida por miembros del Ejército de Chile habría sido Monzer Al Kassar.[78] Marco Antonio Pinochet señaló, en respuesta, que "los dichos de Contreras sólo se explican porque él es "un mentiroso, un canalla, que se escuda en mentiras para decir cosas", anunciando que se reuniría con sus abogados para analizar las acciones legales a seguir, y agregando que "Este individuo [Manuel Contreras], no puedo tener otra expresión, está mintiendo [...] para mi esta persona está enferma de maldad".[79] El general Contreras insinúa en sus declaraciones que toda la familia (sus hijos varones) estaban involucrados desde 1983, cuando Augusto Pinochet Hiriart estaba en Los Ángeles (Estados Unidos); asimismo, declaró ante los tribunales que la mayor parte de los fondos que Augusto Pinochet no puede justificar serían producto del narcotráfico.